Aprueba Comisión reforma constitucional en materia de Guardia Nacional

La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), aprobó en lo general, con 18 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, el dictamen que modifica los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución Política, para crear la Guardia Nacional.
En lo particular, fueron modificados, con 20 votos, los artículos 13, 16, 21, 73, 76 y 89 de la Carta Magna, así como los Transitorios: Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo.
Carrillo Martínez precisó que, aprobado en lo general y particular el dictamen, se remitirá a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para sus trámites correspondientes.
Se aceptó la reserva al artículo 13, para establecer que los delitos cometidos por integrantes de la Guardia Nacional en el ejercicio de las funciones establecidas en el párrafo décimo primero del artículo 21 de la Constitución, serán conocidos por la autoridad civil correspondiente. Las faltas contra la disciplina militar en que incurran los integrantes de la Guardia Nacional, serán conocidas por autoridades militares.
El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena) explicó que la propuesta pretende ser clara, en cuanto a que la Guardia Nacional siempre será juzgada en el fuero civil, en los casos en que despliegue sus atribuciones de policía; es decir, cuando tenga contacto o vinculación con la ciudadanía. En contraparte, los de disciplina interna serán juzgados ante instancias militares. Se da plena certeza a esta distinción, subrayó.
La modificación al artículo 16, busca que los detenidos sean puestos a disposición sin demora, exclusivamente, ante autoridades de carácter civil. En todos los casos existirá un registro inmediato de la detención.
Alejandro Viedma Velázquez, diputado de Morena, explicó que cualquier autoridad encargada de la seguridad tiene la obligación de trasladar y poner a disposición a cualquier detenido sólo ante autoridades civiles; se garantiza que ninguno podrá ser trasladado ni puesto a disposición de autoridades militares y establece que en todos los casos existirá un registro inmediato de la detención.
La reforma al artículo 21, impulsada por el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena) quedó: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, las policías y la Guardia Nacional actuarán bajo la conducción jurídica del primero en ejercicio de esta función”.
El precepto señala: “La seguridad pública será función a cargo de la Federación, a través de las instituciones que para tal efecto dispone esta Constitución, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones. Comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.
Asimismo, “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público, la Guardia Nacional y las intuiciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública que estará sujeto a las siguientes bases mínimas…”.
“La Guardia Nacional, es una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad y patrimonio, así como los bienes de la Nación, en los casos y bajo las condiciones dispuestas en esta Constitución y en las leyes”.
Además, “la Guardia Nacional forma parte de la Administración Pública Federal, a través de la secretaría del ramo de seguridad, en lo que respecta a la planeación, programación y ejecución de sus funciones, y de la dependencia del ramo de la Defensa Nacional, en lo que respecta a su estructura jerárquica, reclutamiento, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización y capacitación, lo anterior en los términos dispuestos en su Ley Orgánica.
Establece que “la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, deberá coordinarse en el desempeño de sus funciones con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Las políticas, planes y estrategias en materia de seguridad pública estarán a cargo de la dependencia del ramo”.
La reserva al artículo 73, promovida por el diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero (Morena) faculta al Congreso de la Unión a expedir las leyes que reglamenten la organización, disciplina, servicio, profesionalización, uso de la fuerza y capacitación para el respeto de los derechos humanos, así como a los mecanismos de la Guardia Nacional.
También, incorpora la facultad del Congreso de la Unión para que, con la mayoría de las dos terceras partes de los miembros presentes, pueda disolver a la Guardia Nacional, con pleno respeto de los derechos laborales y profesionales de sus integrantes.
La reforma a la fracción IV del artículo 76, impulsada por el diputado Édgar Guzmán Valdez (Morena), faculta al Senado de la República a analizar el informe anual que el Ejecutivo le presente sobre el funcionamiento y actividades de la Guardia Nacional.
A su vez, la reforma al artículo 89, planteada por el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES), precisa que serán facultades del Presidente reglamentar, a través de la dependencia del ramo de la seguridad, a las policías auxiliares de las entidades federativas y a los cuerpos de seguridad privada, debidamente autorizados por la Federación, así como obtener y articular la información que generen las instituciones de seguridad y sus centros de monitoreo, mediante un sistema central de administración de información, de conformidad con la ley respectiva.
De igual modo, se aceptaron las reservas del diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) a los Artículos Transitorios: Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, y la adición de dos.
De esta manera, se plantea que la Guardia Nacional entre en operación al día siguiente de la entrada en vigor de su Ley Orgánica y de la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza; determina que la Ley de la Guardia se expida dentro de un plazo de 60 días, a partir de la entrada en vigor, e incorpora una norma general sobre el registro de detenciones, reglamentaria del artículo 16 constitucional.
Además, se establece que mínimamente las leyes secundarias deben contener que la Guardia Nacional asuma las disposiciones previstas en el artículo 2 de la Ley de la Policía Federal y el proceso de gradualidad de la formación de este cuerpo de seguridad. Al respecto, el Ejecutivo emitirá las disposiciones que estime necesarias, para que pueda llevarse a cabo la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros respectivos.
El Transitorio Tercero precisa que las leyes secundarias que se expidan con motivo del presente decreto, deberán prever los esquemas y modalidades para certificación de capacidades y acreditación del control de confianza de los elementos que se adscriban a la Guardia Nacional, así como para su profesionalización y disciplina. Dichas leyes garantizarán una efectiva formación en las materias de uso de la fuerza, protección de los derechos humanos y perspectiva de género en el desempeño de sus funciones.
Gómez Álvarez mencionó que el Cuarto Transitorio se refiere a la transitoriedad para los miembros del Ejército que van a pasar a la Guardia Nacional, y se precisa que los integrantes de las corporaciones civiles que se adscriban, ingresarán con un rango homologado al que tenían y con los derechos que ostentaban antes de entrar a la Guardia.
Respecto al Quinto Transitorio, explicó que se le da la comandancia de la Guardia Nacional al secretario de la Defensa Nacional.
El mismo quedó: “En tanto persista la crisis de violencia e inseguridad en el país y por un plazo máximo de cinco años, con excepción de los artículos 21 párrafo décimo segundo y 129 de la Constitución, la Guardia Nacional será adscrita a la dependencia del ramo de la Defensa para los efectos de la programación y ejecución de funciones en materia de seguridad.
La elaboración de políticas, planes y estrategias en materia de seguridad se mantendrán a cargo de la dependencia del ramo de la seguridad. Los integrantes de la policía militar y policía naval que ingresen a la Guardia Nacional quedan exceptuados de la prohibición a que se refiere el artículo 129 de esta Constitución”.
El Sexto Transitorio subraya que durante los tres años siguientes a la entrada en vigor del decreto, el Ejecutivo realizará un programa de reestructuración orgánica y funcional de la Secretaría, así como fortalecimiento de las capacidades de las instituciones civiles de seguridad pública, bajo un esquema calendarizado, para que reasuman el ejercicio de su función de manera gradual y continua.
El Séptimo Transitorio da un plazo de dos años para hacer un diagnóstico nuevo que determine o que fije el estado de la fuerza y de las capacidades institucionales de las corporaciones de seguridad pública federal, así como de las entidades federativas.