Congreso solicita información sobre la perpetuidad de fosas en cementerios de la Ciudad de México

• La Consejería Jurídica y de Servicios Legales deberá detallar también los cambios de titularidad y revocaciones: Dip. Evelyn Parra
 
• Desde el 2007 ha existido una total ausencia de un marco normativo, a pesar que desde hace más de tres décadas está prohibida la perpetuidad, afirma
 
Ante la necesidad de conocer cuál es el número de títulos de fosas a perpetuidad que se han regularizado en los cementerios, así como el cambio en su titularidad, la cantidad de revocaciones y bajo qué supuestos se han realizado en el sexenio por terminar, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México solicitará dicha información a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México.
 
La diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, detalló que “la Ciudad de México tiene 118 panteones, de los cuales cinco son civiles generales, 14 civiles delegacionales, 83 vecinales o comunitarios, 14 concesionados y dos históricos”, por lo cual advirtió que en 10 años estarán sobresaturados al sólo existir cerca de 77 mil fosas disponibles.
 
Indicó que, si bien el régimen de las fosas es por temporalidad y perpetuidad, “desde el 2007 ha existido una total ausencia de un marco normativo que otorgue certeza y seguridad jurídica en las prestaciones del servicio público de cementerios, principalmente en lo que respecta al régimen del título de fosas otorgados en la modalidad de perpetuidad”, enfatizó.
 
Asimismo, la legisladora resaltó que al fallecer los titulares de las fosas a perpetuidad, los familiares en segundo grado se ven impedidos a continuar con ellas por los costos o abusos de las autoridades que siguen otorgándolas, a pesar que desde 1975 el marco normativo lo impide.
 
Derivado de lo anterior, la información solicitada a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales se consideró de urgente y obvia resolución, por lo que el Punto de Acuerdo presentado por la diputada fue aprobado por el Congreso de la Ciudad de México y remitido a las autoridades correspondientes.