Está mañana, vecinos de cuatro colonias denunciaron efectos negativos en movilidad, abastecimiento de agua y violaciones de uso de suelo en el megaproyecto de Av. Camarones 134, Col. Obrero Popular.
Ante el desdén de autoridades, la presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez junto con la diputada local Laura Álvarez demandaron una mesa de diálogo con la alcaldesa de Morena, Nancy Núñez y autoridades de la SEDUVI.
Luego de la clausura ciudadana simbólica en Azcapotzalco, vecinos que manifestaron su preocupación por una obra señalada como irregular y de alto impacto, exigieron alto a las construcciones y una reparación integral de daño a sus propiedades que se han visto dañadas.
Las panistas subrayaron que, antes de acudir a la calle, se agotó la vía institucional: desde el Congreso se presentó un punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, en el que solicitó mesa de trabajo con la Alcaldía Azcapotzalco en coordinación con la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana y la Secretaría del Medio Ambiente, con la participación de liderazgos vecinales
“La empresa desarrolladora “Quierocasa”, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, no han podido resolver esta situación y exigimos diálogo”.
Luisa Gutiérrez y Laura Álvarez solicitaron que se atiendan la problemática causada por el megaproyecto y garanticen la transparencia y legalidad en el procedimiento de autorización del proyecto inmobiliario.
“Los diputados del partido oficial se negaron a pedir una resolución urgente. Tomaron una decisión partidista y resolvieron con un criterio político algo que debería ser estrictamente técnico. A la fecha no hay respuestas ni acciones eficaces”.
“Por eso decidimos venir aquí, a la calle que es de todos, a exigir que la autoridad actúe y que los vecinos sean escuchados”.
Entre las razones de la preocupación, los vecinos colindantes destacaron que se trata de un desarrollo de alto impacto en una zona con presión hídrica, drenaje y movilidad al límite, además de dudas fundadas sobre el uso de suelo al que tiene derecho.
Lamentaron el silencio administrativo: “Lo mínimo que pedimos es claridad jurídica y transparencia. Nadie busca frenar el desarrollo, pero debemos garantizar que se construya con apego a la ley y con seguridad respecto a los servicios que recibirá la gente de esta demarcación.”
Los vecinos anunciaron que se mantendrá la clausura ciudadana simbólica como recordatorio de que existe una comunidad informada y atenta, y que el seguimiento continuará por la vía institucional. “La autoridad tiene la palabra.
Insistiremos en que nos responda. En Azcapotzalco merecemos obras legales, responsables y viables. Los vecinos tenemos derecho a exigirlas.
