GOBIERNO CAPITALINO DEBERÁ ENTREGAR INFORME A DIPUTADOS LOCALES SOBRE CONTRATO DE PLANTA TERMOVALORIZADORA
· El objetivo es que el Congreso local conozca las posibles responsabilidades administrativas, fiscales y penales por su cancelación, indicó el diputado Ricardo Ruiz.
· En ello deberá participar la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México.
Aunque el Gobierno de la Ciudad de México ya desistió en la impugnación sobre la suspensión del contrato de la Planta de Termovalorización y Biodigestión, de todos modos deberá entregar un informe al Congreso capitalino sobre las posibles responsabilidades administrativas, fiscales y penales por la cancelación del mismo, aseveró el diputado Ricardo Ruiz Suárez.
El diputado de Morena recordó que el pasado martes presentó ante el Pleno del Congreso capitalino un Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno local a echar para atrás la impugnación, y que un día después el titular de la Agencia de Gestión Urbana (AGU), Jaime Slomianski, dio a conocer el desistimiento.
Al respecto, precisó que por ello tocará a la próxima Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, resolver de manera definitiva el futuro de ese proyecto en el Bordo Poniente, cuyo contrato fue asignado por la administración mancerista a la empresa Veolia.
Señaló que en su propuesta también plantea que la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México investigue las probables responsabilidades administrativas, penales y fiscales de funcionarios capitalinos, derivadas de la firma del contrato.
Ello, apuntó, porque no se ha demostrado que dicha planta sea favorable para el medio ambiente y por el alto costo de la construcción, que implica un adeudo de 36 años para los habitantes de esta metrópoli.
Ruiz Suárez comentó que en la séptima Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el Grupo Parlamentario de Morena hizo severas observaciones sobre la viabilidad de la obra, desde el punto de vista ambiental y de endeudamiento.
“Además era evidente la falta de capacidad del Gobierno capitalino para resolver los cuestionamientos por parte de la sociedad acerca de la Planta de Termovalorización, así como un conflicto de intereses que nunca se quiso resolver”, recalcó.