En reunión de Comisión se aprueba la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México
- Con esta aprobación, por parte de la Comisión de Administración Pública Local se da cumplimiento al mandato de la Constitución local
- Con la norma se garantiza la observancia del derecho a la buena administración pública de carácter receptivo, eficaz y eficiente
Para cambiar la forma, mediante la cual se diseñan y prestan los servicios públicos al usar la tecnología y los datos como insumos estratégicos, y permitir a la ciudadanía una mejor y más eficiente relación con su gobierno, en reunión ordinaria de la Comisión de Administración Pública Local se aprobó la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, cuya iniciativa con proyecto de decreto fue presentada en Tribuna por la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, a nombre del Grupo Parlamentario de MORENA.
Con lo que también se cumplimentan diversos artículos y numerales de la Constitución Política de la Ciudad de México, que “reconoce el derecho a la buena administración pública de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos, de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación”. Lo que impone al Gobierno local diversos mandatos en materia de innovación, incorporación, acceso y uso a las tecnologías de la información y la comunicación.
De acuerdo con la iniciativa fue necesario diseñar estrategias innovadoras que deriven en planes, programas y acciones que permitan que con la información generada por las propias dependencias se identifiquen las necesidades y prioridades de los ciudadanos, y cuyo aprovechamiento beneficie a las instituciones mismas, mediante procesos de transformación digital que involucren el uso y explotación de datos; tecnologías de la información y telecomunicaciones interoperables y trazables; capacitación y elevación de competencias de los servidores públicos; seguridad cibernética y protección de datos, que garanticen la legalidad, seguridad y certeza jurídica de los trámites y servicios intergubernamentales y hacia los ciudadanos, entre otros.