Por Graciela Tenorio

La activista y defensora de los derechos humanos, Diana Sánchez Barrios, quién fue detenida en las primeras horas del pasado 18 de marzo, calificó la acción desde un inicio como “persecución política”, dado que tal hecho ocurrió horas después de dar a conocer su candidatura para una diputación local dentro de la alianza “Va por México”.

La hermana de la también autora de la Primera Iniciativa Ciudadana Preferente de la ley que regula el ejercicio del comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública de la Ciudad de México “Chambeando Ando”, Silvia Sánchez Barrios, manifestó en conferencia de prensa que su familia y agremiados de la Organización de la Sociedad Civil PRODIANA A.C.; de la Asociación Legítima Cívica Comercial A.C. (ALCC A.C.) y de MODECOS entre otros, esperan que se esclarezca tal situación “sin que se obstruya la impartición de justicia” ya que las imputaciones que le hacen a Diana Sánchez “están basadas en denuncias llenas de falsedades e inconsistencias” pues están realizadas por personas que actúan con dolo e intereses personales y políticos.

Silvia Sánchez Barrios manifestó su deseo de señalar y evidenciar la aberración con la que las autoridades investigadoras y judiciales han tratado el tema de su compañera y hermana Diana, soslayando su derecho al debido proceso.

De viva voz, Silvia Sánchez expresó la apreciación en los informes justificados que rinde el Juez de la Unidad de Gestión No. 12 y el Director de Mandamientos Judiciales, dentro de los autos del Juicio de Amparo 10/2021, el cual se encuentra en trámite ante el Juzgado Décimo Cuarto del Distrito de Amparo en Materia Penal, informes en los que las autoridades negaron haber librado o conocer alguna órden de aprehensión en contra de Diana Sánchez Barrios; lo que provocó que la autoridad judicial la desprotegiera y fuera víctima de “unos mercenarios del derecho y de la procuración e impartición de justicia”, evidenciando de nueva cuenta que éstas autoridades “no sirven a una Ley Suprema o a un Estado Soberano, sino a intereses turbios y deshonestos de algunos particulares que han hecho de las instituciones jurídicas un instrumento para la obtención de derechos o bienes que no les corresponden”.

Añadió también que la unidad investigadora en un sin número de ocasiones se negó a recibir a Diana Sánchez Barrios para hacerla sabedora de las imputaciones que existían en su contra, argumentando no tener la calidad jurídica de probable responsable o imputada, lo que generó que Diana no pudiera desmentir los hechos que se investigaban.

Categórica afirmó que las supuestas investigaciones que autoridades hacendarias, fiscales y ministeriales se encuentran realizando en contra de la activista y defensora de derechos humanos, Diana Sánchez, es totalmente falsa.

“De acuerdo al informe rendido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dentro de los autos del juicio de amparo 32/2021, ventilado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa, ésta sólo ordenó dentro del Acuerdo 145/2020, que las instituciones bancarias que integran el Sistema Financiero Mexicano, suspendieran comunicación y actividades con la ciudadana Diana Sánchez Barrios, negándole con esto el acceso a los servicios financieros, acto meramente administrativo, ya que, actualmente no existe investigación formal o procedimiento judicial en contra de Diana Sánchez Barrios por la comisión de algún delito financiero que pudiera sustentar el aseguramiento de sus activos”.

Por lo que apreció que “nos encontramos ante la utilización del Sistema Judicial Mexicano como un instrumento de represión utilizado para callar a los ciudadanos que le exigen a las autoridades cumplan con sus mandatos constitucionales para los cuales fueron electos”.

Al ser Diana Sánchez Barrios una mujer Trans y activista de la comunidad LGBTTTI+ compañeras de la misma expresaron que esta acción en su contra es un pésimo mensaje para todo el Colectivo, sobre todo en el, ahora mal llamado, “mes de la mujer”.

Cabe destacar que Diana Sánchez Barrios es afiliada y colaboradora con la Escuela de Gobierno de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Político del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social-ILPES de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, la AIDS Healthcare Foundation (AHF) y The International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA WORLD).

Y que al ser considerada una líder de diálogo y decisión, generadora de cambios por la defensa incluyente y progresiva de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recibió y registró preliminarmente una solicitud de petición de medidas cautelares a favor de Diana Sánchez Barrios. Así como también la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, recibió una denuncia contra servidores y funcionarios públicos de la Ciudad de México.

Finalmente, familiares y compañeros de Diana Sánchez Barrios dijeron que realizarán manifestaciones pacíficas en apoyo a su amiga y dirigente, esperando que se dé su pronta liberación dado que esperan congruencia de las autoridades capitalinas, porque ella “es y seguirá siendo Defensora de los Derechos Humanos, dado que asume el reto de liderar los procesos de transformación con valentía para obtener el respeto e INCLUSIÓN SIN DISCRIMINACIÓN.

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