LA DIP. LOURDES PAZ PROPONE ELIMINAR PALABRAS DISCRIMINATORIAS DE LOS ARTÍCULOS 1655 Y 1679 DEL CÓDIGO CIVIL
• La diputada Lourdes Paz Reyes explicó que ambos artículos establece que la mujer casada debe obtener el permiso de su pareja para aceptar o rechazar una herencia
• Señaló que actualmente se tienen que generar las condiciones para que sean las mujeres quienes decidan participar en la vida económica, social y política.
La diputada local Lourdes Paz Reyes presentó una iniciativa para modificar los artículos 1655 y 1679 del Código Civil para el Distrito Federal con la finalidad de eliminar las palabras discriminatorias que contravienen el principio de igualdad entre mujeres y hombres.
La legisladora explicó que dichos artículos se encargan de regular las disposiciones testamentarias, en las que se expresa la aceptación o rechazo de la herencia para las mujeres casadas, y que actualmente en ellos se establece que las cónyugues deben de obtener el permiso de su pareja para acceder a ésta.
“Los preceptos materia de la presente iniciativa mantienen su texto original desde su publicación en el año de 1928, por lo que contienen disposiciones que no resultan acordes a la realidad actual, dado que la participación de la mujer se ha modificado para tener mayor trascendencia en los aspectos económicos, políticos, culturales, laborales y sociales”, subrayó.
La diputada Paz Reyes indicó que actualmente se tienen que generar las condiciones para que sean las mujeres quienes decidan participar en la vida económica, social y política.
Mencionó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2018 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), las mujeres dedican 22 horas a la semana a las tareas domésticas y 28 horas al cuidado de otras personas, es decir 2.5 veces que los hombres.
Por lo anterior, argumentó que es necesario modificar los artículos 1655 y 1679 del Código Civil para el Distrito Federal para que las mujeres puedan decidir sobre sus propias acciones.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso de la Ciudad de México para su análisis y discusión.