PROPONE LA DIP. LOCAL MAXTA GONZÁLEZ, HASTA 6 AÑOS DE PRISIÓN POR ROBO Y VENTA DE COLADERAS
- Las alcantarillas sin tapa se han convertido en un serio problema que aqueja a habitantes y gobierno que lucha por erradicar el robo de las mismas.
Ante la situación la diputada Maxta Irais González Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, propuso una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el cuarto párrafo de la fracción III, apartado a) del artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de compra de elementos de mobiliario urbano robado.
El robo de coladeras es un negocio ilegal que deja pérdidas de hasta 4 millones de pesos anuales a la CDMX.
La gravedad de los hechos, de acuerdo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, impacta 244 mil 965 coladeras de fierro fundido, policoncreto, concreto, hierro dúctil y polietileno de alta densidad.
De éstas, durante los últimos tres años se han tenido que sustituir 3 mil 792 y sólo hasta noviembre de 2021 se habían repuesto mil 712.
La problemática ha superado a las autoridades y es un riesgo eminente en la vida de los capitalinos que puede poner en riesgo su integridad física para peatones y automovilistas.
Las denuncias han ido en aumento por el robo de las tapas de las coladeras en su mayoría y que debido a su valor son vendidas a personas que se dedican a la recolección de metales.
El proyecto reformará el artículo 224 del Código Penal para el Distrito Federal donde se menciona que las sanciones serán igualitarias tanto para quien robe y para quien trafique con elementos del equipamiento o mobiliario urbano con 2 o 6 años de prisión.
Algunos de los elementos considerados para esta ley son: alcantarillas o tapas de registro de cualquier servicio público o privado; alumbrado público; de energía eléctrica; de la red de aguapotable; de la red de drenaje; de señalización vial; de gimnasios al aire libre; y de parques y jardines.
Se espera erradicar y sancionar las acciones de robo antes mencionadas ya que no solo afectan a la población sino también al gobierno, ya que reponer lo robado le toma tiempo y dinero para poder brindar de nuevo un mejor servicio para los ciudadanos.
La propuesta presentada por la diputada González Carrillo encuentra su marco legal en los artículos 12 y 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México donde garantizan el uso y derecho pleno de la vía pública y la responsabilidad del gobierno para brindar la misma y vigilar el correcto funcionamiento además de proporcionar la información necesaria, así como de señalamientos en donde se informe sobre alguna anomalía en la ciudad.