Congreso exhorta a alcaldías e INVEA a verificar establecimientos de compra y venta de chatarra industrial
- El robo de objetos destinados al servicio público es una de las problemáticas que más pone en riesgo la integridad de peatones, automovilistas y ciclistas
El Congreso local exhortó a las 16 alcaldías, para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, realicen visitas de verificación a los establecimientos mercantiles dedicados a la compra-venta de chatarra industrial, a fin de supervisar que en los mismos no se comercialice equipamiento urbano.
La proposición con punto de acuerdo, presentada por la diputada Leticia Estrada Hernández (MORENA), refiere que el robo de objetos destinados al servicio público es una de las problemáticas que más pone en riesgo la integridad de peatones, automovilistas y ciclistas en la capital del país, aunado al gasto excesivo que implica para el gobierno la reposición del mobiliario.
“Esto ha generado accidentes que han conmocionado a las y los capitalinos. Además, el hurto de mobiliario urbano le ha ocasionado gastos millonarios”, señaló en tribuna.
En la propuesta refiere que según datos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), a finales de 2017 en las 16 alcaldías había 244 mil 965 coladeras de fierro fundido, policoncreto, concreto, hierro dúctil y polietileno de alta densidad; de las cuales, durante los últimos tres años se han tenido que sustituir tres mil 792.
Tan solo en 2022, SACMEX ha reportado el robo de 361 pozos de visita y 187 rejillas, es decir, un total de 548 piezas, registrando un aumento del 416 por ciento en comparación con el 2018.
Destaca que las coladeras no son los únicos objetos de equipamiento urbano que son susceptibles al robo, ya que el hurto de cables y tuberías de cobre también presenta estadísticas elevadas.
Las carpetas de investigación a nivel nacional, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), por robo de cables y tubos destinados a servicios públicos pasó de 427 en 2018, a mil 998 en 2021 (367 por ciento más), y mil 439 en los primeros nueve meses de este año.
Al respecto, la diputada Estrada Hernández dijo que, si bien la venta de este tipo de piezas es ilegal,” la demanda de este tipo de metales, incentiva su comercialización por medios ilícitos”, por lo que se deben tomar medidas para erradicar esta problemática y garantizar la integridad de las y los capitalinos.