Mayoría de Morena y aliados se impone de nuevo, Mesa Directiva del Congreso CDMX acordó no imponer sanciones a personas servidoras públicas
- Se mantuvo el criterio de que el poder legislativo local está impedido para sancionar, al no existir fundamento legal para hacerlo
La Mesa Directiva del Congreso capitalino aprobó un acuerdo relativo a la vista ordenada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto de las ocho sentencias recaídas en los expedientes SRE/PSC/146/2022, SRE/PSC/177/2022, SRE/PSC/193/2023, SRE/PSC/202/2022, SRE/PSC/1/2023, SRE/PSC/148/2022, SRE/PSL/39/2022 y SRE/PSC/186/2022, respecto a las infracciones a personas servidoras públicas.
En votación dividida, con 7 votos a favor y 4 en contra, las y los legisladores integrantes de la Mesa Directiva acordaron la propuesta emitida por el diputado Gerardo Villanueva Albarrán (MORENA), quien sugirió que el Congreso local, a través de la Mesa Directiva, no impusiera ninguna sanción a la Jefa de Gobierno por las conductas acreditadas por el Tribunal Electoral del PJF, al no existir fundamento legal que sustente su aplicación.
En tanto, la propuesta de acuerdo del legislador Diego Orlando Garrido López (PAN), quien planteó escindir cada una de las sentencias emitidas por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, partiendo de la imposición de sanción que le fue impuesta a los sujetos responsables de cada caso; fue rechazada con 6 votos, 4 a favor y una abstención.
En su intervención, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza (PRI) recordó que esta instancia es un órgano colegiado en el que las decisiones se toman por consenso o en su caso por mayoría, por lo que concedió el uso de la voz a las y los diputados que la integran a fin de que expresaran lo que consideraran pertinente.
En lo referente a los expedientes en contra de Eduardo Santillán Pérez, Evelyn Parra Álvarez, Valentina Valia Batres Guadarrama, Martha Soledad Ávila Ventura, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Carlos Alonso Castillo Pérez, Gerardo Villanueva Albarrán, Patricia Jimena Ortiz Couturier, Carlos Hernández Mirón y Ana Cristina Hernández Trejo, la propuesta del diputado Diego Orlando Garrido López (PAN), de que si hay facultades para sancionar -con una amonestación pública-, se desechó con 4 votos a favor, 5 en contra y una abstención; mientras que la propuesta del diputado José Martín Padilla Sánchez (Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad), de proceder en los términos de no imponer sanción alguna, se aprobó con 6 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones.
El diputado Diego Orlando Garrido López (PAN) argumentó que la Mesa Directiva debía integrar un acuerdo por cada expediente recibido por el Tribunal Electoral, y votarlos individualmente, con una sanción específica para cada uno; y que las sanciones deben equipararse con multas aplicadas en otros estados de la República, y así desmentir que el Congreso capitalino no tiene facultades sancionadoras.
Al hacer uso de la voz, el legislador Gerardo Villanueva Albarrán (MORENA) indicó que para cumplir con el principio de legalidad se deben considerar las sanciones establecidas en el marco normativo en la materia, misma que no contempla ninguna para las personas servidoras públicas, por lo que propuso que se emita un acuerdo donde se indique que el Congreso capitalino, a través de la Mesa Directiva, no impondrá sanción a la jefa de Gobierno, por las conductas acreditadas por la sala regional especializada; postura respalda por la diputada Alicia Medina Hernández (MORENA).
En tanto, la diputada Gabriela Salido Magos (PAN) consideró que el Congreso local está siendo mandatado para establecer sanciones por el poder judicial, al ser las y los legisladores representantes de la ciudadanía; y que ahora la Jefa de Gobierno está cayendo en reincidencia, al vulnerar la equidad en la contienda electoral, por lo que no debe mantenerse el criterio de no imponer sanciones.
En su oportunidad, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas) aseveró que el Congreso local no es un tribunal facultado para sancionar, al no ser un órgano judicial para ese propósito, pero sí tiene la responsabilidad de salvaguardar los derechos político electorales de toda la ciudadanía.
Por su parte, la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho (Asociación Parlamentaria Ciudadana) se refirió a la tesis del TEPJF XX/2016 donde se indica que ante la ausencia de normas específicas los congresos de las entidades federativas son los órganos competentes del Estado, con base a sus atribuciones constitucionales y legales para sancionar a servidores públicos sin superior jerárquico.
Al tomar la palabra, el congresista José Martín Padilla Sánchez (Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad) afirmó que el órgano legislativo no puede aplicar sanciones, ya que no existen normas jurídicas al respecto, y de hacerlo se violentaría el principio de legalidad.
La diputada Gabriela Quiroga Anguiano (PRD) señaló que el Congreso capitalino ya debería tener instalada una Comisión de Jurisdiccionalidad, para desahogar este tema, y propuso que cada sentencia debería analizarse en forma particular.
La diputada Marcela Fuente Castillo (MORENA) aseguró que no debe imponerse una sanción inexistente ya que el Congreso local no ha legislado al respecto, y que inventar una sanción podría tomarse con mucha ligereza para otros casos que vulneran los derechos político electorales.