TODO DESARROLLO INMOBILIARIO DE VIVIENDA, DEBE CUMPLIR CON ESTUDIOS TÉCNICOS QUE GARANTICEN CONDICIONES DE SEGURIDAD, SERVICIOS Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: DIP. GABY SALIDO

• La medida atiende a las facilidades administrativas otorgadas por el Gobierno en la capital a desarrolladores bajo el amparo de la reactivación económica post pandemia por COVID.

• Hay normas que permiten al INVI omitir la presentación Manifestación o Licencia de Construcción Especial para Proyectos Inmobiliarios destinados a la Vivienda de Interés Social o Popular.

• Condición que puede convertirse en un factor de riesgo ante la posibilidad de la omisión en algún, o algunos servidores públicos.

A fin de que las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como nacionales, que pretendan desarrollar construcciones en el marco de programas sociales o para personas trabajadoras, adquieran la obligación de remitir al Instituto para la Seguridad de las Construcciones un expediente con todos los proyectos y estudios necesarios para que este dictaminen respecto a la viabilidad y seguridad de este tipo de proyectos, la congresista Gabriela Salido, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Sobre el tema, la panista Salido Magos, explicó, “el Instituto para la Seguridad de las Construcciones cuenta con facultades que le permiten realizar la verificación de construcciones y evaluar el nivel de seguridad que deben cumplir. Dicho de otro modo, es un organismo fue creado para ejecutar estas funciones, por lo que resulta la instancia adecuada para la revisión del cumplimiento de las reglas y Normas Técnicas de los proyectos que son ejecutados por el Gobierno de la Ciudad de México u Organismo Nacional de Vivienda”.

Y agregó que se busca sea la instancia especializada ya existente quien realice estas actividades y se aproveche al máximo su potencial, pues en contra posición, a los particulares se les pide tramitar un registro de manifestación de construcción o una licencia especial de construcción, garantizando así control dentro de los procesos de desarrollo urbano, así como los derechos relacionados a una Ciudad Habitable.

“Hoy el espíritu de la norma parte de la idea de que una autoridad por el simple hecho de serlo, ejecutará correctamente aquello que se encuentre dentro de su competencia y que existe un criterio de vocación al servicio; sin embargo, la realidad nos ha dado amplios ejemplos de situaciones que no han salido nada bien, como ocurrió este mismo año con la llamada Ciudad del Bienestar”, puntualizó Gaby Salido.

Cabe señalar que la propuesta fue remitida a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para su análisis y dictaminación.

“El buen juez por su casa empieza, y el caso de la construcción por parte del propio gobierno no puede ni debe ser la excepción, más aún cuando se trata de garantizar la seguridad, los servicios, la movilidad y el medio ambiente en el que habitarán las personas que se verán beneficiadas por estos desarrollos”, finalizó Gabriela Salido.