Elizabeth Mateos presenta en el Congreso de la Ciudad de México la iniciativa “El que pega paga”

• “En la Ciudad de México no se negocia con la violencia, no se tolera a los agresores y no se deja a las víctimas a su suerte”: Diputada Elizabeth Mateos
• Reconoció que entre 2019 y 2024 la FGJ CDMX logró más de 15 mil vinculaciones a proceso de agresores de mujeres, lo que contribuyó a reducir en 32 por ciento las muertes violentas

En apoyo a las mujeres víctimas de violencia y para contribuir a acabar con la impunidad, la diputada Elizabeth Mateos Hernández (MORENA) presentó una iniciativa para adicionar la fracción VII Bis al artículo 61 de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México y establecer de manera clara que el agresor es el primero obligado a pagar los gastos y costas judiciales.

“Hoy lo que expongo en esta tribuna es muy concreto: ¿quién debe pagar los gastos de las víctimas cuando éstas se ven en la necesidad de contratar un abogado privado?, hasta ahora, la respuesta considero que ha sido injusta: los paga la víctima, y eso no puede seguir así”, indicó al exponer su propuesta ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México.

Señaló que la Ley General de Víctimas indica expresamente que los gastos y costas judiciales de un asesor jurídico privado forman parte de la reparación integral, por lo que de conformidad con el artículo séptimo transitorio, es necesario homologar la Ley de Víctimas de la Ciudad de México.

Sin embargo, recordó que en la interpretación de la norma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo en Revisión 31/2023, resolvió que estos gastos no pueden imponerse al sentenciado dentro del proceso penal, sino que deben reclamarse por la vía administrativa, “y por cierto, quienes tomaron esa decisión ya no forman parte de la integración actual de la Corte, porque el pueblo así lo decidió el primero de junio”.

La legisladora Mateos Hernández resaltó que este tipo de interpretaciones ocurren porque la ley no lo establece de manera expresa, lo que da pauta a que los agresores puedan evadir esa responsabilidad.

“¿Es justo que una mujer violentada, que una madre que busca justicia para sus hijos tenga que cargar también con los costos de un abogado privado?, ¿es justo que una niña o un niño víctima de violencia dependa de la capacidad económica de su familia para tener acceso a la justicia?, la respuesta es no”, afirmó.

Precisó que esta iniciativa no excluye la responsabilidad del Estado, que tiene la obligación de garantizar que ninguna víctima quede desprotegida, “pero el primer responsable es quien generó la violencia, porque si la violencia la provocó él, él debe pagar las consecuencias. Esta reforma es un mensaje claro contra los violentadores: aquí no se tolera la violencia, aquí no hay privilegios para el agresor, aquí el que pega, paga”.

En este sentido, Elizabeth Mateos agradeció que el gobierno capitalino cuenta con defensorías y asesores jurídicos públicos, sin embargo, la alta demanda y gran carga de trabajo que enfrentan provoca, que en muchos casos, las víctimas se vean en la necesidad de contratar un abogado privado para poder dar seguimiento más expedito a sus procesos y esos gastos actualmente no están plenamente reconocidos en la legislación local.

Informó que según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se iniciaron más de 280 mil carpetas de investigación por violencia familiar en el país; de estas, alrededor de 30 mil corresponden a la Ciudad de México, y de acuerdo con datos de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, entre 2019 y 2024 la Fiscalía capitalina logró más de 15 mil vinculaciones a proceso de agresores de mujeres, así como una reducción del 32 por ciento en las muertes violentas.

La legisladora Mateos Hernández reflexionó que estas cifras muestran dos cosas: que la violencia aún persiste y los avances logrados por el gobierno capitalino, que ha fortalecido políticas públicas como las UTOPÍAS, los PILARES, las Siempre Vivas, los Centros de Justicia para las Mujeres y la Alerta por Violencia de Género, entre otras acciones que han dado resultados visibles en la sanción de agresores y en la reducción de estos delitos.

“Sabemos que la lucha contra la violencia no es fácil, no se resuelve de la noche a la mañana, pero también sabemos que nuestra tarea es cerrar filas contra la violencia y no dejar ningún resquicio que ampare a los agresores”, concluyó.