Diputada Elizabeth Mateos defiende derecho al espacio público

· Respaldó la iniciativa de la jefa de la jefa de Gobierno Clara Brugada

En el marco de la discusión del dictamen para reformar la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en materia de infracciones especiales contra la seguridad ciudadana relacionadas con la ocupación de la vía y el espacio público, presentada por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, la diputada Elizabeth Mateos Hernández (MORENA) expresó que no se trata de criminalizar la necesidad sino de poner orden.

“Dejar claro que la vía pública es de todas y todos, no de quien primero ponga una cubeta o un bote”, indicó la legisladora Mateos Hernández, integrante del grupo parlamentario de MORENA y presidenta de la Comisión de Administración Pública Local.

Durante la sesión de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Justicia Cívica y Defensoría Pública, en la cual se aprobó el dictamen a la iniciativa para adicionar la fracción XXXIX al artículo 3; el artículo 28 Bis, último párrafo al artículo 31; y reformar el artículo 32 de la Ley de Cultura Cívica, la legisladora Mateos Hernández destacó la prontitud para esta dictaminación que atiende de manera favorable “un tema que, aunque cotidiano, tiene un enorme impacto en la vida diaria de millones de personas: la ocupación indebida de la vía pública por parte de los llamados franeleros o viene-viene.

Asimismo, reconoció la visión y el compromiso de la jefa de Gobierno al presentar una iniciativa que propone una solución concreta y con sustento legal ante prácticas que dificultan la movilidad, generan molestias a la ciudadanía e impiden disfrutar libremente del espacio público.

“Todas y todos lo hemos visto, personas que se apropian de calles y banquetas, que colocan botes o piedras para apartar lugares, que exigen dinero a cambio de ‘cuidar’ un vehículo, y que en muchos casos recurren a la intimidación o incluso a la violencia. Y no se trata de criminalizar la necesidad, se trata de poner orden y dejar claro que la vía pública es de todas y todos, no de quien primero ponga una cubeta o un bote”, argumentó.

En este sentido informó que en Iztacalco este es un problema muy serio, sobre todo cuando hay eventos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el estadio GNP Seguros o el Palacio de los Deportes. “En esos días, vecinas y vecinos no pueden ni salir de sus casas sin encontrar sus calles tomadas. Hay quienes ya ni siquiera intentan usar su coche, porque saben que, si no pagan, se arriesgan a que les rayen el vehículo, les rompan un espejo o, peor aún, los agredan”.

El documento aprobado expone la preocupación de que en diversos puntos de la Ciudad de México se presenta una problemática en la que se impide y estorba el uso de la vía y el espacio público, por parte de personas que ofrecen servicios de estacionamiento, cuidado, lavado, aseo, hojalatería o reparaciones menores de vehículos, sin contar con un permiso, licencia o autorización por parte de autoridad competente.

Se advierte del aumento de denuncias presentadas contra las personas que realizan estas actividades, ya que ante la negativa de las personas conductoras de realizar el pago exigido para estacionarse, “los llamados ´franeleros o viene viene´ pueden cometer delitos como amenazas, intimidación, extorsión, robo de vehículos y autopartes, lesiones o daños en propiedad ajena”.

La finalidad de la iniciativa es recuperar la vía y el espacio público para el desarrollo adecuado de la vida comunitaria y garantizar el derecho de las personas a la movilidad, al uso y disfrute del espacio público, reducir las posibilidades de actos delictivos como la extorsión, el daño a la propiedad, amenazas, robo de vehículos, robo de autopartes y lesiones a través de una política pública que establezca sanciones específicas, con irrestricto respeto a los derechos humanos.

Se aclara que la iniciativa no penaliza a las personas trabajadoras no asalariadas o que se encuentren en situación de calle, sino que sanciona a quienes realizan las conductas que afectan derechos de terceras personas por obstruir, estorbar o impedir el uso de la vía y espacio público; coaccionar a personas para obtener dinero; y por cobrar por el uso de un espacio público que no les pertenece.