LA DESHUMANIZACIÓN DEL STC-METRO

Por Graciela Tenorio

Después del deceso de la señora María Guadalupe Fuentes Arias, quien sufrió un infarto cerebral dentro de las instalaciones del metro Tacubaya y fuera abandonada en la calle porque policías y la directora de estación consideraron que estaba en estado de alcoholemia, los familiares de la finada han emprendido un proceso legal para exigir justicia y evitar nuevas acciones tan nefastas como ésta.

Varias voces se han manifestado para que el Sistema de Transporte Colectivo, Metro, aclare cabalmente cuales son sus protocolos de actuación para atender emergencias, cualquiera que sea, porque resulta increíble que las prioridades sean otras y no las encaminadas a proteger y salvaguardar la vida humana.

En entrevista, el coordinador de la fracción perredista en el congreso capitalino y ex director del Metro, diputado Jorge Gaviño Ambriz, habló al respecto manifestando que este hecho es “una violación flagrante a los derechos humanos”, que dió como resultado el que la señora Fuentes Arias, perdiera la vida.

Hizo un llamado “sentido y muy enérgico” a cada hacedor de acciones, u omisiones, relacionados en este acto, que sin duda, tiene consecuencias jurídicas.

Explicó,que en el periodo en que él estuvo al frente de este sistema, cualquier accidente dentro del Metro, era atendido mediante un Seguro de Responsabilidad Civil, ya fuera por caso de enfermedad de algún usuario, se les trasladaba a un centro especializado del gobierno de la ciudad o federal, o bien, que algún usuario perdiera la conciencia, se llamaba a una ambulancia para su atención, basados en la procuración de los derechos humanos, del derecho a la salud, por la ley de protección civil, pero nunca dejar en estado de abandono a una persona que no se vale por sí misma.

Recordó el programa instalado para rescatar perritos que deambulaban dentro de las diferentes estaciones de servicio, cuidarlos y darlos en opción, esto para destacar, que no es posible que los ahora encargados de la buena operación del Metro, no tengan bien definidas sus prioridades.

Adelantó que se reuniría con la titular de la PGJ-CDMX, Ernestina Godoy, para atender varias situaciones, entre ellas, éste caso.

Queda claro que la ignorancia de la Ley deja consecuencias, algunas administrativas y otras hasta penales, pero las pérdidas de vidas humanas, merecen un análisis más profundo, sobre todo en ésta ciudad de “derechos y libertades”. La batalla legal de la familia Fuentes para obtener justicia, apenas inicia.