Acuerdan emitir convocatoria para nombrar Comisión Técnica que conducirá la transición de la Procuraduría a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
• La Comisión de Administración y Procuración de Justicia deberá publicar el 28 de octubre dicha convocatoria en la página del Congreso y en al menos dos diarios de circulación nacional
• Se encargará de recibir y evaluar los perfiles de los aspirantes a ocupar los siete lugares con los que se integrará la Comisión Técnica
El Congreso de la Ciudad dio a conocer un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia emita la convocatoria de integración de la Comisión Técnica que se encargará del proceso de transición de la Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, presidida por el diputado Ricardo Ruiz Suárez, del Grupo Parlamentario de Morena, deberá publicar la convocatoria el 28 de octubre de 2018 en la página electrónica del Congreso de la Ciudad de México y en por lo menos dos diarios de circulación nacional.
Además remitirá la convocatoria a las escuelas, facultades que impartan la carrera de derecho para su máxima publicidad a la comunidad académica y estudiantil que estén interesados en participar.
Al emitir la convocatoria, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia establecerá los criterios y objetivos de evaluación a la que se someterán los aspirantes. También integrará una relación de las personas propuestas en tiempo y forma que cumplan con los requisitos de elegibilidad para ser designados. Dicha relación será publicada en la página electrónica del Congreso de la Ciudad de México.
Una vez concluido el proceso de evaluación de la Comisión en los términos de la normatividad aplicable, someterá al pleno del Congreso de la Ciudad de México una propuesta con los nombres de las siete personas que hubieren obtenido los mejores resultados en la evaluación realizada, la cual se aprobará con el voto de la mayoría simple de los 66 diputados.
Para ello, los legisladores integrantes tendrán que considerar que la Comisión Técnica tiene que ser nombrada a más tardar el 30 de noviembre de 2018, en cumplimiento a los principios de transparencia y máxima publicidad.
La Comisión Técnica se integrará por siete personas, quienes para su registro deberán tener una carta de apoyo de instituciones de educación superior y/o de investigación en materias relacionadas con administración, derecho, administración y procuración de justicia, promoción de los derechos humanos, la política criminal, derecho penal, asesoría legislativa, consultoría a instituciones públicas y otros afines, cuyos órganos directivos y planteles realicen sus actividades académicas, preferentemente en la Ciudad de México.
Cada institución académica podrá otorgar carta de apoyo a quienes consideren idóneos o de organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas por lo menos 12 meses antes de la fecha de presentación de postulaciones que conforme a su acta constitutiva tenga un objeto social relacionado con la investigación del derecho, administración y procuración de justicia, promoción de los derechos humanos, la política criminal, derecho penal, asesoría legislativa, consultoría de instituciones públicas, diseño y otros afines, y tengan su domicilio en la Ciudad de México.
Mientras tanto, los aspirantes deberán ser mexicanos, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener cuando menos 30 años cumplidos, tener título profesional en las materias de derecho, administración y otros afines o experiencia notarial en actividades de administración o procuración de justicia, derecho penal, asesoría legislativa, consultoría a instituciones públicas o experiencias socialmente notoria en promoción y defensa de defensa de derechos humanos.
En todos los supuestos se requerirá de una antigüedad mínima de cinco años. No estar inhabilitado para desempeñar empleos, cargos o comisiones de carácter público, no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena privativa de libertad, no ser persona servidora pública ni ocupar ningún cargo de elección popular, a menos que se separe definitivamente del mismo antes de que inicie el proceso de selección, no pertenecer a un partido político o sus órganos de dirigencia en los últimos tres años, gozar de buena reputación y haberse distinguido por su honorabilidad e independencia.
Además, deberán entregar un ensayo auténtico con un desarrollo de cinco a 10 cuartillas, mediante el cual demuestren sus conocimientos en la materia.