CONGRESO EXHORTA A AUTORIDADES CAPITALINAS A RESPETAR FALLO JUDICIAL Y FRENAR OBRA EN RUBÍ 38
- La diputada Gabriela Osorio Hernández denunció que la construcción de 547 departamentos sigue, pese resolución del Tribunal de Justicia Administrativa.
- El requerimiento es al Jefe de Gobierno capitalino, al Jefe Delegacional de la demarcación y al procurador local para hacer cumplir la sentencia.
A propuesta del Grupo Parlamentario de Morena, el Congreso capitalino aprobó un punto de acuerdo para que las autoridades de la Ciudad de México garanticen el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa local, para suspender la construcción del desarrollo inmobiliario en la calle Rubí 38, Colonia Valles Escondido, en Tlalpan.
La diputada Gabriela Osorio Hernández, integrante de la bancada de Morena, recordó que hace cinco años, bajo la Norma 26, el Instituto de Vivienda (INVI) autorizó la construcción de un proyecto inmobiliario en esta zona de la Ciudad de México.
“Al amparo de las autoridades de ese momento, se pretendían construir 547 departamentos en una superficie de poco más de 11 mil metros cuadrados, sin la garantía de infraestructura urbana ni de servicios básicos”, expuso.
Por la vía legal, los vecinos documentaron una serie de irregularidades: la falta de un padrón de beneficiarios y un estudio de impacto urbano integral; la promoción de venta entre particulares; la modificación continua del proyecto para esquivar la ley de forma ventajosa o la violación en torno al uso de suelo, entre otros.
“De un proceso que inició en 2014 con solicitudes de información y un viacrucis jurídico en 2015, a partir de la entrada a la Jefatura Delegacional de la doctora Claudia Sheinbaum y en estricto apego a las normas, los vecinos contaron con el respaldo de la Delegación y lograron que el 6 de noviembre se colocaran los sellos de suspensión en los accesos del proyecto inmobiliario de Rubí 38”, expuso.
La diputada Gabriela Osorio indicó que en 2016 el comité vecinal de Valle Escondido presentó una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde pidió la nulidad del dictamen de impacto urbano positivo.
En esta demanda se argumentó la inviabilidad del proyecto debido a la ilegalidad del dictamen de estudio de impacto urbano, la violación a la Norma 26 y la afectación al interés público y social al no cumplir con lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo, el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Vigente, la Ley del INVI y la Ley de Desarrollo Urbano, mencionó.
A pesar de que existe una sentencia de suspensión de la obra inmobiliaria, hasta el momento la construcción continúa de forma impune y camiones de carga con tierra y materiales entran y salen a diario sin que haya podido detenerse su actuar, denunció.
“Por ello la urgencia de presentar este Punto de Acuerdo que tiene como objeto evitar una situación indeseable, donde se ponga en riesgo el bienestar de los vecinos de Valle Escondido, así como la seguridad de las personas que se encuentran en el predio de Rubí 38”, subrayó.
“No más corrupción inmobiliaria, no al urbanismo salvaje, sí a una Ciudad donde prevalezca la legalidad y la justicia”, finalizó la legisladora Osorio Hernández.