El combate contra la violencia política hacia las mujeres es esencial para las transformaciones que requiere la sociedad: Dip. Paula Soto
• La diputada Paula Soto informó que durante el pasado proceso electoral 2017 – 2018 se registraron 185 agresiones contra mujeres, que fueron desde intimidaciones y amenazas hasta 19 asesinatos
• La mayoría de las denuncias se concentran en la Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca
Para fortalecer el entramado institucional encargado de proteger el derecho a la participación política de las mujeres, fomentar su presencia y participación en la vida pública y combatir la violencia de género y la desigualdad, la fracción parlamentaria de Morena presentó un proyecto de decreto en el Congreso de la Ciudad de México para adicionar y reformar diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para la Ciudad de México y de la Ley Procesal Electoral para la Ciudad de México.
Esta iniciativa fue propuesta por la diputada Paula Soto Maldonado, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, quien aseguró que la prevención y combate contra la violencia política hacia las mujeres es esencial para las transformaciones que requiere la sociedad.
“Difícilmente lograremos políticas públicas y acciones parlamentarias que realmente fomenten la igualdad de género, si no contamos con una representación real de los intereses de nosotras, las mujeres, en los espacios en los que se decide el rumbo de estos mecanismos”, aseguró.
En su intervención ante el Pleno del Congreso, la legisladora recordó la historia y legado de la ideóloga y activista política alemana Rosa Luxemburgo. “La violencia política por razones de género sigue procurando que el sueño de Rosa no encuentre fuga hacia lo real: el mundo en el que somos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, ese es ahorita nuestro horizonte”.
Afirmó que la violencia de género se ha vuelto más sutil, pero continúa afectando a las mujeres y dificultando su participación en la política.
“A mayor participación, mayor violencia de la que somos víctimas. Nuestra participación en la toma de decisiones no debería enfrentar amenazas de muerte, daño a nuestra propiedad, falsas acusaciones, campañas de difamación, acoso afuera de nuestras casas, aprovechamiento de los estereotipos, y sobre todo, el descuido e impunidad de las autoridades que deberían procurar la justicia y la garantía de la protección a nuestros derechos humanos”, señaló.
Informó que conforme al análisis “Violencia política a través de las tecnologías contra las mujeres en México”, 62 por ciento de las agresiones registradas durante el proceso electoral 2017–2018 tuvieron una razón de género, con patrones de violencia sexual cometida contra una mujer por el hecho de serlo, con el juicio de carácter sexual y la sexualización como los ilícitos más frecuentes.
Explicó que durante las 44 semanas que duró el pasado proceso electoral, se perpetraron 774 agresiones en contra de las personas participantes. De ese total, 23 por ciento fue en contra de mujeres, con 185 agresiones que fueron desde intimidaciones y amenazas hasta 19 asesinatos de mujeres, por el simple hecho de ser mujer y participar en lo público.
En este sentido, indicó que la Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca son las entidades que concentran mayor número de denuncias en el nuevo Sistema Penal Acusatorio de violencia política contra las mujeres.
“La esencia de la libertad política depende no de los fanáticos de la justicia, sino de los efectos vigorizantes y benéficos de las disidentes, entre ellas nos contamos, para ellas trabajamos”, concluyó Paula Soto.
Este proyecto de decreto fue turnado a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Asuntos Político Electorales, para su análisis y dictamen, así como a la de Administración y Procuración de Justicia, para su opinión.