Indispensable homologar el nombre de Comisión de Seguridad Ciudadana en el Reglamento del Congreso
• La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias analizarán y dictaminarán la propuesta
Los integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, diputados Leticia Varela Martínez, Carlos Alonso Castillo Pérez, Yuriri Ayala Zúñiga, María Guadalupe Aguilar Solache, Federico Döring Casar, Héctor Barrera Marmolejo, Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, así como Paula Castillo Mendieta solicitaron reformar la fracción V, del artículo 307, fracción XI, del artículo 371, artículos 434, 436, 437 y 439, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
El proyecto de decreto que será analizado y dictaminado por la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias fue presentado en Tribuna por la legisladora Leticia Varela Martínez, quien indicó que el objetivo del instrumento legislativo es homologar y armonizar el marco jurídico en materia de seguridad ciudadana.
Agregó que “si bien en la reforma aprobada y publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, el pasado 28 de septiembre se modifica la Ley Orgánica del Congreso, en específico el Articulo 74, y en su fracción XXXVII para adicionar la Comisión de Seguridad Ciudadana, en el Reglamento del Congreso sigue apareciendo como Seguridad Publica, y para efectos de los trabajos de la citada Comisión en lo conducente, se requiere poder homologar este término para efectos de los trabajos de la misma, pues en el Reglamento aparecen como tareas de la Comisión la entrega a la medalla al Mérito Policial y para no entrar en controversia es necesaria la reforma”.
La también presidenta de dicha comisión señaló que la Comisión de Seguridad Ciudadana tiene por encargo la presentación de iniciativas y diligencias encaminadas al enriquecimiento y cambios que contemplen los nuevos preceptos legales en materia de Seguridad, para armonizarlos de acuerdo a lo que mandata la Constitución Política de la Ciudad de México.
Por lo que resulta necesario subsanar la discordancia antes citada y establecer el precepto de manera coherente con lo ya establecido, la denominación correcta debe entenderse como un derecho al bien común en el que se articulan la prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos. La impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades, aseveró.