Analizan en Comisión de la ALDF incrementar sanciones a DRO y propietarios de inmuebles que incumplan la ley
- Se incrementaría la pena hasta 10 años y se suspendería definitivamente la cédula profesional
Ante los daños registrados en casas, edificios y escuelas derivado del sismo, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa analizará la propuesta para incrementar las sanciones a Directores Responsables de Obra y propietarios de inmuebles que en el desarrollo de construcciones no cumplen con sus obligaciones.
La propuesta de reforma al Artículo 329 Bis del Código Penal para el Distrito Federal pretende incrementar la pena a entre ocho y diez años de prisión y la suspensión definitiva de la cedula profesional de los responsables de obra, y la misma sanción al propietario del inmueble donde se desarrolla la construcción, que teniendo conocimiento permita la edificación sin apego a la licencia autorización, permiso o registro a la normatividad vigente relativa al desarrollo urbano, construcciones inmuebles y ordenamiento territorial para el Distrito Federal.
El diputado Luis Alberto Chávez García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, promotor de la iniciativa, consideró que los daños observados derivado del sismo muestran que existe falta de aplicación de la norma.
“Al no cumplirse con esta obligación y con los criterios de resistencia estructural, los directores responsables de obra o corresponsables, así como los propietarios de las construcciones colaboran para que se colapsen los inmuebles provocando daño, tragedia que se pueden evitar o en su caso aminorarse si se cumple con la normatividad”, dijo.
Actualmente, el artículo 329 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, establece una pena de cuatro a seis años seis meses de prisión para los Directores Responsables de Obra y propietarios de construcciones que no cumplan con la normatividad.
El legislador indicó que la responsabilidad, como diputados, es proporcionar las herramientas necesarias para tratar de prevenir y evitar desgracias; además, permitir que los ciudadanos tengan seguridad y confianza en las instituciones.