Gaviño pretende corregir error del Código Penal del DF

*Jorge Gaviño teme cacería de brujas, con la reforma al artículo 256 de esta normativa
 
El diputado Jorge Gaviño Ambriz señaló que es inconstitucional considerar como Servidores Públicos a representantes de las asociaciones civiles que reciben recursos públicos, como lo establecen las reformas al artículo 256 del Código Penal para el Distrito Federal realizadas por el Congreso de la CDMX a ese ordenamiento, publicado el 7 de junio de este año.

Cabe señalar que en la Constitución federal ni en la local en sus artículos 108 y 64, respectivamente, los clasifican como servidores públicos, por tal motivo el Código Penal del Distrito Federal no les debe de dar esa categoría.

“Pareciera ser que la intención oculta es justamente comenzar una cacería de brujas, como se ha hecho en innumerables ocasiones por parte del gobierno federal, para perseguir, intimidar y criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil”, indicó el legislador.
 
Jorge Gaviño explicó que si la reforma es tomada en consideración para efectos de todo el Código Penal, el director o administrador de una asociación civil que reciba fondos públicos podrá ser sancionado por delitos relacionados con el servicio público, tales como el tráfico de influencias, el abuso de autoridad, el ejercicio ilegal y el abandono del servicio público, el peculado y la intimidación, entre otros.
 
La reforma atenta también contra el ejercicio legítimo de la libertad de asociación, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México, así como de tratados internacionales, abundó.
 
El diputado del PRD presentó una Iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 256 del Código Penal para el Distrito Federal, con el objetivo de dejar de considerar a los directores o administradores de asociaciones civiles como servidores públicos.
 
El pasado 5 de julio, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, una acción de inconstitucionalidad, debido a que la reforma vulnera la Constitución Federal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Gaviño pretende que el congreso enmiende este error  antes de que la suprema corte de justicia de la nación o la sala constitucional del tribunal superior de justicia de la cdmx le corrijan la plana al Congreso y declaren inconstitucional la polémica reforma publicada el 8 de junio.