EL DESTINO DE LA VIDA DE AMPARO CARVAJAL ESTÁ EN MANOS DEL GOBIERNO BOLIVIANO: CIDHPDA
Los medios de comunicación bolivianos informan que, tras la toma violenta de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), la presidenta de esa institución, Amparo Carvajal, se ve impedida de utilizar los servicios higiénicos. A razón de este hecho, el abogado de Carvajal, Ricardo Rodríguez, advierte que cada día su salud disminuye. Esta situación evidencia una falta de Estado de Derecho por parte de la administración de Luis Arce Catacora, pues al no garantizar el resguardo y defensa de los derechos humanos de las y los activistas, se ven debilitadas las acciones de protección para todos los bolivianos.
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo De Las Américas (CIDHDPA), en voz de su Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, el Dr. Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, considera increíble que un gobierno autollamado de izquierda no proteja la vida de una luchadora y defensora de derechos humanos de edad avanzada, cuya trayectoria de más de tres décadas no ha sido debidamente reconocida. Debido a esta desatención, la vida de Amparo Carvajal está en manos del gobierno boliviano, al cual hacemos responsable por esta falta de madurez política y de estado de derecho con la que ha sido despojada de sus derechos fundamentales y políticos.
El Comisionado Presidente de la CIDHPDA hace un llamado a la COMUNIDAD INTERNACIONAL mediante un visitador de las Naciones Unidas para atender de forma inmediata la situación de Amparo Carvajal, con el fin de que se le restituyan sus derechos ante el desalojo al que ha sido víctima.
Gutiérrez Yáñez afirmó que la garantía de los Derechos Humanos de las y los activistas no puede, ni debe, dejarse en manos de la irresponsabilidad de los gobernantes, por lo que su silencio y omisión ante las vejaciones hacia la integridad de las personas debe considerarse como un asesinato de lesa humanidad.
Aseguró también que la noble actividad que significa la defensa y protección de los Derechos Humanos en América Latina debe ser respetada, sin importar la ideología política predominante en el régimen de una nación, siendo que, tanto la dignidad como la vida humana deben ser lo más importante en el ejercicio del poder público.