Trabajadores no asalariados del STC-Metro denuncian que FGJ y SSC capitalinas  implementan “cacería de brujas” contra ellos

Ante las constantes agresiones tanto físicas como verbales, así como acusaciones falsas en contra de los vagones que detienen integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, propiamente los de la PBI, el presidente de la Federación de Comercio Popular y Prestadores de Servicio (Fecoppres)  Raúl Arturo Pérez Marín pone el dedo en la llaga y denunció: “esta administración, que está a punto de terminar,  ha sido la más violenta y sangrienta en contra de nosotros”.

Para ilustrar su afirmación, habla del caso del vagonero asesinado en la estación Pino Suárez…

Asimismo, el denunciante señaló que en los últimos tiempos ha habido “desapariciones forzadas de otros compañeros más, la fabricación de delitos en los últimos años hacia ésta comunidad, como es la siembra de droga, armas y las más comunes y frecuentes como es el robo de radios transmisores, candados de mano de uso policíaco (esposas), y resistencia de particulares”.

En conferencia de prensa el dirigente agregó que los ejemplos de este modus operandi son incontables y frecuentes “lo más doloroso es que basta la palabra de los policías para que un juez de control configure estos delitos, sin una profunda investigación, la que en la mayoría de los casos no se hace”.

Raúl Arturo Pérez Marín, insistió que su gremio es víctima de una persecución injustificada por parte de personal de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretarïa de Seguridad Ciudadana (SSC); “se trata de casos graves de corrupción, fabricación de delitos, criminalización y movilización sistemática contra las más de mil personas que se dedican a trabajar para llevar sustento a sus hogares”.

Pérez Marín enfatizó “son acciones de años descaradas, constantes y con consigna de  la Fiscalía General de Justicia, Secretaría de Seguridad Ciudadana y demás autoridades del sistema de impartición de justicia, uno de los hechos aquí denunciado,  ocurrió en julio pasado cuando un policía agredió a compañeras, lo que derivó en una riña por la molestia de los compañeros ante el abuso, llegamos a documentar el suceso y esto provocó que la autoridad me fabricará delitos… pesó más el testimonio de un policía, que mis pruebas ante la Fiscalía capitalina”.

Refirió, “el juez de la Unidad 14 del Reclusorio Norte validó únicamente las pruebas del Ministerio Público para procesarme por los cargos de robo de ‘candados de seguridad’  y resistencia  de particulares agravados, por lo que alcanzaría una sentencia de nueve años y seis meses de cárcel”.

Consideró, ” a todas luces es un caso más de corrupción, de parcialidad y fabricación de delitos de la FGJCDMX, que no investiga, solo consigna con pruebas falsas, mis pruebas se basan en indagatorias de la Comisión de Derechos Humanos como videos, dictámenes médicos, testimoniales, que prueban grado de tortura hacia mi persona, ¿dónde queda el respeto a nuestros derechos y al principio de presunción de inocencia en el que se basa el sistema judicial mexicano?”.

Añadió que: “a raíz de esto he sido perseguido, mis hijos amenazados por la policía, me dijeron que por ‘pin… revoltoso te vas ir a chin…”.

Resaltó, “me golpearon más de 15 policías para quitarme mi teléfono donde grabé pruebas de los abusos policiales, allanaron mi morada, atacaron a mis compañeros, alrededor de 60 policías fueron enviados para detener arbitrariamente a mujeres, niños y adultos mayores ¿acaso es un delito trabajar para mantener nuestros hogares?

“Tal parece que  para la autoridad, es delito grave”.

Asimismo, comentó  “vamos a llegar a dónde nos lleve la defensa de nuestros derechos, así lo establece el Artículo 10° constitucional”, y adelantó que el próximo viernes “iremos a protestar pacíficamente y solicitar al jefe de Gobierno Martí Batres Guadarrama, atienda ésta problemática, instruya la realización de mesas de trabajo con los titulares de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, y del Metro, Guillermo Calderón Aguilera, y dar soluciones al problema”.

Manifestó, “no solo hablamos de irregularidades en mi caso con el número de folio 0141588/2023, son varios al menos hay nueve, tres de mujeres, el resto de hombres, de los cuales, cinco no tienen relación con el gremio, cuando te detienen es casi un hecho perder la mercancía, las multas ante los juzgados cívicos son de 300 pesos y de mil 200 pesos,  o más de diez horas en el Torito, si no hay para cubrirla… no dan comprobantes de cobro, lo que hace sospechar de corruptelas de servidores públicos. También el Congreso local debe poner atención a este hecho y adecuar las leyes en ésta materia y frenar los abusos policíacos, finalizó”.