Arma Semovi operativo contra ruta 57 que le ganó amparo, “es una clara venganza de Lajous” afirman concesionarios
- Mete unidades al corralón por nimiedades
La Secretaría de Movilidad armó junto con el Instituto de Verificación Administrativa un operativo contra 90 concesionarios de la Ruta 57, que brindaban servicio en las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón, y que le ganaron un amparo para evitar ser extinguidos e impedirles su derecho humano al trabajo.
Hasta el momento suman 15 las unidades que fueron llevadas al corralón por tener faltas consideradas como graves por la Semovi como un chicle pegado en un asiento, tener un faro sucio y no traer camisa de botones, sino tipo polo.
El líder de la ruta 57 Arturo Maya informó que el juzgado Décimo Tercero de Amparo en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México les otorgó la suspensión definitiva lo cual consideró como un paso favorable para los transportistas ante los abusos de la Secretaría de Movilidad, y su titular Andrés Lajous.
“Estamos viendo que el supuesto operativo es un acto de acoso de Semovi y el INVEA, por el simple hecho de que les ganamos un amparo, es una clara venganza”, expuso.
Otros operadores coincidieron en asegurar que es un acto de venganza “no nos pudo ganar en tribunales y ahora salen con cosas tan absurdas por parte de Lajous”.
De acuerdo con el expediente 58/2024, la autoridad judicial notificó a las partes interesadas la revocación del recurso de queja que interpuso la Semovi, contra la suspensión provisional que inicialmente dictó el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa, con Gabriel Armando Lucero, en funciones de Juez de Distrito.
En consecuencia el juzgador resolvió otorgar la suspensión definitiva a los concesionarios y operadores de la ruta 57, con efectos inmediatos para reiniciar sus operaciones en su trayecto que tuvieron durante más de 50 años.
Con ello, la Semovi y su titular Andrés Lajous no podrán ejercer la extinción de los transportistas y deberá sujetarse a las disposiciones emitidas por el juez de amparo para que la empresa que impusieron TVO no preste el servicio, como dicta la resolución judicial.