QUE CONCEJOS PUEDAN REMOVER A LAS Y LOS DIRECTORES GENERALES DE ALCALDÍAS, PROPUSO LA DIPUTADA MAXTA GONZÁLEZ
· Presentó una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México
· El objetivo es también que los concejales realicen gestiones en favor de la ciudadanía
La diputada del Partido Revolucionario Institucional Maxta González Carrillo, propuso facultar a los concejales de las alcaldías en la Ciudad de México para que realicen gestiones y puedan remover a las y los directores generales en caso de faltas graves.
La legisladora presentó al pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
En el texto subraya que los concejales deben convertirse en un canal de comunicación entre la alcaldía y la sociedad, además de estar obligados a escuchar las demandas que se generan en su territorio y de esta manera generar las acciones de gobierno que impacten directamente para resolver los problemas.
Indica que se trata de establecer la obligación de los concejales de realizar gestiones, al mismo tiempo darle al Concejo la atribución de remover al funcionario que no dé resultados y exhortarlos a realizar su trabajo adecuadamente.
Para ello, propone que en el artículo 103 de la citada Ley, quede establecido que los concejales tienen la obligación de mantener un vínculo permanente con sus representadas y representados; atender sus demandas y gestionar soluciones a sus problemas y necesidades ante las distintas direcciones de la Alcaldía.
De la misma manera, propone que los concejales tengan la facultad de remover a las y los titulares de las Direcciones Generales de las alcaldías, en caso de faltas graves, con la aprobación de la mayoría calificada del pleno del Concejo.
También que cuenten con la facultad de exhortar a las y los titulares de las Direcciones Generales de las alcaldías a cumplir con eficiencia las obligaciones que por ley tienen conferidas.
La iniciativa se turnó para su análisis y posterior dictamen a las comisiones unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y a la de Alcaldías y Límites Territoriales.