Congreso local concluye entrevistas para ratificación de magistrados del TSJ CDMX
- Legisladoras y legisladores capitalinos requirieron y plantearon propuestas para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial local
Con las comparecencias de Miguel Ángel Mesa Carrillo, Carlos Vargas Martínez y Marco Antonio VelascoArredondo, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local concluyó la etapa de entrevistas del proceso para la ratificación de las personas magistradas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ CDMX).
“Todo lo aquí referido por parte de los aspirantes es de suma importancia para conocer las posturas e inquietudes de quienes pueden continuar como parte del Poder Judicial de nuestra ciudad, y tomaremos nota de las propuestas y reflexiones realizadas por parte de los entrevistados, con la finalidad de continuar avanzando con rumbo de la impartición y procuración de justicia”, afirmó el diputado José Octavio Rivero Villaseñor (MORENA), presidente de la comisión.
Magistrado Miguel Ángel Mesa Carrillo plantea avanzar para garantizar reparación integral del daño
En sus intervenciones, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas) preguntó sobre las acciones y recursos encaminados a fortalecer el derecho de daño; solicitó detalles sobre la reducción de la pensión alimenticia, específicamente respecto a los casos en que se funda en el nacimiento de nuevos hijos del deudor; y sobre la aplicación del sistema híbrido para la substanciación de los incidentes de reducción en los juicios orales.
Al hacer uso de la palabra, la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios (PRI) hizo referencia al ensayo del magistrado sobre la reparación de daños con perspectiva de derechos humanos, en este sentido preguntó qué se entiende por daño moral, cuál es su fundamento legal y de qué se trata la justa indemnización o reparación integral.
Por su parte, la congresista María Guadalupe Morales Rubio (MORENA) cuestionó si el juicio de una magistrada o magistrado se pueda ver afectado por tener entre sus colaboradores a personas con mala fama pública, si en el proceso de la justa indemnización puede existir un acto de corrupción y cuáles son los mecanismos de control para evitarlo. Asimismo, cuestionó al magistrado por qué los legisladores deberían ratificarlo.
Del mismo partido, la diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz consideró importante conocer cuáles fueron los criterios sobre su carrera judicial que la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal tomó en cuenta para su nombramiento como magistrado; qué acciones debe tomar el Poder Judicial para el tema del derecho de daño-responsabilidad civil y qué papel tiene que desempeñar el Poder Judicial capitalino en materia de derecho de daño.
En su exposición ante las y los congresistas, el magistrado Miguel Ángel Mesa Carrillo centró su propuesta en el derecho de daño para garantizar que todas las personas tengan acceso a la reparación integral del daño, es decir, proteger de mayor y mejor manera a las personas afectadas.
Sostuvo que debe ser un tema atendido de manera integral, estudiar el daño moral y los daños punitivos, además de llevar al análisis la prescripción de los mismos. Asimismo, planteó implantar en las universidades mexicanas el tema de la reparación del daño, como una especialización.
Magistrado Carlos Vargas Martínez proyecta que la persona responsable de daño moral pague una indemnización a la sociedad por concepto de daño punitivo
La diputada Esther Silvia Sánchez Barrios (PRI) indicó que las nuevas tecnologías de la información son fundamentales para realizar trámites, por lo que solicitó información sobre su implementación en los procesos del TSJ CDMX. Además, indicó que se debe analizar la importancia del sistema oral en la impartición de justicia y los criterios para determinar los montos de indemnización por daño moral.
El diputado José Octavio Rivero Villaseñor (MORENA) solicitó la opinión del magistrado compareciente respecto a los retos que enfrenta la justicia constitucional local y federal; cuál sería su propuesta de estrategia; cuáles son los principales desafíos que enfrentan el TSJ CDMX, quémedidas propone para afrontarlos y qué acciones se necesitan para la puesta en marcha de la justicia electrónica.
Por la misma fracción parlamentaria, el congresista Alberto Martínez Urincho habló del daño moral y cómo se podría resolver cuando una persona ejerce su derecho de libertad de expresión, y si existen parámetros para cuantificarlo; además de pedir su opinión referente a la justicia digital.
En su exposición, el magistrado Carlos Vargas Martínez indicó que tiene 15 años de prestar sus servicios en el TSJ CDMX y actualmente se desempeña en la CuartaSala Civil; agregó que ha emitido tres mil 476 resoluciones, de las cuales se otorgaron 204 amparos, por lo que tiene una efectividad de 94.2 por ciento.
Agregó que, su propuesta la elaboró a partir del caso Mayan Palace, en cuanto a la incidencia del daño moral para abordar el daño punitivo, para lo cual propuso incorporar el artículo 1916 Bis I al Código Civil para el Distrito Federal, para que la persona responsable del daño moral pague una indemnización a la sociedad por concepto de daño punitivo, es decir “que tenga una repercusión en el sector en el que se llevó a cabo el daño y que sirva de ejemplo público, disuasivo y preventivo”.
El sistema judicial requiere ser desregulado y recibir una reingeniería: magistrado Marco Antonio Velasco Arredondo
Al tomar la palabra, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas) preguntó si la oralidad en los procesos es una desventaja para la seguridad jurídica de la ciudadanía, y solicitó información sobre la metodología utilizada al momento de recibir una sentencia emitida por un juzgado de proceso oral, para analizar y valorar las constancias; así como las cualidades que debe tener un juzgador en este paradigma.
El diputado Jesús Sesma Suárez (Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad) felicitó la presencia en todas las ponencias del magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, la cual demuestra la importancia de la ratificación de la y los magistrados;además solicitó mayor información acerca de tres temas:la acción por responsabilidad civil, la acción de extinción de dominio y la acción de prescripción adquisitiva.
El diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) se refirió al escaso presupuesto con que cuenta el TSJ CDMX, lo que ha originado una crisis en la impartición de justicia e impedido que sea pronta y expedita. Ante esta situación reflexionó qué hacer para acelerar la emisión de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y un Código Único de Procedimientos Civiles. Por otra parte, sugirió que este tipo de reuniones, en que es muy importante el diálogo con los representantes de otros poderes, para nombramientos o ratificaciones, se realicen en forma presencial.
El diputado Ernesto Alarcón Jiménez (PRI) requirió conocer si el procedimiento judicial escrito previsto en el Código de Procedimientos Civiles local, cumple con los principios constitucionales vigentes; pidió una explicación breve de este proceso y sobre los principios del mismo.
El congresista Alberto Martínez Urincho (MORENA) se refirió a los juicios orales y preguntó si requieren ser fortalecidos desde el poder legislativo; y su opinión de garantizar a través de la figura de la hipoteca o del embargo el derecho a los alimentos para las y los menores.
Su homóloga, la legisladora Yuriri Ayala Zúñiga cuestionó al magistrado respecto de los retos para la impartición de justicia en la Ciudad de México, cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar los juicios orales y qué elementos financieros y administrativos se requieren.
En su exposición inicial, el magistrado Marco Antonio Velasco Arredondo afirmó que el sistema judicial requiere recibir una reingeniería, porque “ya no cumple con las expectativas de la sociedad actual”, toda vez que se cuenta con un Código de Procedimientos Civiles de 1931.
Por ello, dijo, el sistema de justicia civil debe transitar a la oralidad, ya que los expedientes están “plagados” de información sesgada y con inconsistencias, aunado a que mucha de esta información ya no le sirve al juzgador, lo que “está provocando que existe un riesgo muy alto que el juez incurra en un error” al momento de sus sentencias.
Destacó que se debe implementar un modelo de justicia en que se garantice al ciudadano el efectivo derecho a la defensa y se le explique, en todo momento, la situación jurídica en que se encuentra su caso. Finalmente, solicitó a las y los legisladores que a través de sus grupos parlamentarios impulsen la iniciativa del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se encuentra en el Senado de la República.