Congreso local inició proceso de ratificación de magistrados del TSJ CDMX
- Este lunes serán entrevistadas un total de siete personas sujetas a proceso de ratificación; el procedimiento inició con la magistrada Yohana Ayala Villegas, continuando con el magistrado Rubén Alberto García Cuevas
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local inició el proceso para la ratificación de las personas magistradas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ CDMX).
De esta forma, la magistrada Yohana Ayala Villegas y el magistrado Rubén Alberto García Cuevas expusieron los aspectos relevantes de su desempeño y propuestas para mejorarlo.
Magistrada Yohana Ayala Villegas propone incluir violencia vicaria en el artículo 323 Quáter del Código Civil
Al realizar su exposición, la magistrada Yohana Ayala Villegas propuso a las y los legisladores establecer en la ley que en la audiencia de escucha de las niñas, niños y adolescentes esté presente un psicólogo especializado dentro de los procesos judiciales que así lo ameriten y que sea facultad discrecional de la persona juzgadora, quien determine en qué casos sea procedente, con la única finalidad de procurar y garantizar el interés superior de la niñez.
Asimismo, consideró que también se debe incluir la violencia vicaria en el artículo 323 Quáter del Código Civil local, luego de que fue incorporada esta figura en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Al iniciar la ronda de cuestionamientos, el diputado Jesús Sesma Suárez (Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad), reconoció el trabajo de la magistrada, al afirmar que tiene 94.1 por ciento de efectividad en sus resoluciones “lo que habla muy bien de usted y de su trabajo”. De la misma manera, le preguntó qué opinión tiene de que el divorcio pueda tramitarse ante un notario público.
La diputada Xóchitl Bravo Espinosa (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas) preguntó por la aplicación de los puntos esenciales de la Convención sobre los Derechos del Niño en el marco de la justicia familiar, además cuestionó cuál es el papel de los tribunales para fortalecer el principio de interés superior de la infancia, y cómo podría exigirse a los juzgadores que la impartición de justicia se realice con perspectiva de la infancia..
En su intervención, el diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) preguntó por el 94.1 por ciento de efectividad en sentencias recurridas; y respecto a la justicia familiar, qué hacer para que los juicios sean más expeditos y no tarden meses o años en resolverse, y evitar que los tribunales tomen de rehenes a las personas menores durante el litigio.
En tanto, la congresista Esther Silvia Sánchez Barrios (PRI) tras resaltar el profesionalismo de la magistrada en favor de niñas, niños y adolescentes que se ven inmersos en juicios familiares, preguntó su opinión acerca de cambiar la figura de patria potestad por la de responsabilidad parental.
El diputado Diego Orlando Garrido López (PAN) reconoció la pasión de la magistrada para la impartición de justicia y su perspectiva para juzgar con base en el interés superior de la niñez, y preguntó qué se requiere para mejorar la impartición de justicia familiar.
La legisladora María Guadalupe Morales Rubio (MORENA) destacó que la magistrada mantiene una capacitación continua en su área de trabajo, lo que le permite garantizar los derechos humanos a los justiciables, además expresó su deseo de conocer en qué ordenamientos legales deberá contemplarse la modalidad de violencia vicaria.
En su turno, el congresista Octavio Rivero Villaseñor (MORENA) preguntó a la magistrada si la situación financiera actual del TSJ CDMX llegará a afectar la consecución de los juicios en materia familiar.
Magistrado Rubén Alberto García Cuevas propone agilizar pensión alimenticia
El magistrado Rubén Alberto García Cuevas, asignado a la Quinta Sala Familiar del TSJ CDMX, ha tenido tres mil 762 sentencias dictadas, de las cuales sólo fueron recurridas en juicio de amparo 420, y sólo un 3 por ciento del total fueron modificadas.
Propuso reducir el tiempo de resolución de los asuntos de pensión alimenticia, que actualmente duran de 8 a 14 meses, por los tiempos de espera por la cantidad de asuntos por resolver, para lograrlo sugirió que “el juez de lo familiar al fallar y dictar sentencia interlocutoria, no otorgue a las partes recurso alguno ordinario en el fuero común, sino que el Poder Judicial federal resuelva y decrete el amparo y protección de la justicia federal, confirme o modifique la resolución de la incidencia familiar dictada en el juzgado”.
En su turno, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas) cuestionó cómo se garantiza la no violencia económica hacia las madres en un incidente de reducción alimenticia, y en un sistema híbrido cómo recuperar la pensión alimentaria, y cómo garantizar el registro de deudores alimentarios.
En su oportunidad, el diputado Jesús Sesma Suárez (Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos de la Ciudad) preguntó la diferencia entre la pensión provisional y la definitiva, los aspectos relevantes a considerar para la reducción de la misma; y solicitó información sobre por qué las sentencias de lo familiar no causan estado.
Por su parte, el diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) expresó su interés por conocer qué beneficios ha tenido el criterio de precedentes, derivado de la reforma constitucional del 2021, para la impartición de justicia y, particularmente, al derecho familiar, así como qué logros ha tenido durante su encargo para ameritar el voto de las y los legisladores para su ratificación.
En su intervención, la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios (PRI) señaló que a consecuencia de la emergencia sanitaria por Covid-19 se incrementaron las controversias del orden familiar y preguntó sobre las acciones para garantizar el cumplimiento de la obligación de las personas que deben otorgar alimentos, aun cuando no es posible acreditar el origen de los ingresos.
La diputada Yuriri Ayala Zúñiga (MORENA) solicitó al magistrado su opinión acerca de las acciones para evitar actos de corrupción al interior del Poder Judicial y el tipo de penas que se deberían imponer, además de cuestionar si el hecho de haber tenido un incidente de tránsito en un vehículo oficial en el pasado, debe ser un hecho notorio para considerar su ratificación.
Por el mismo grupo parlamentario, el diputado Alberto Martínez Urincho preguntó cuál ha sido el mayor mérito de su carrera del entrevistado antes de ser magistrado y los principales retos en materia administrativa y financiera que enfrenta el Poder Judicial para el ejercicio de sus funciones, además de cómo juzgar los casos en los que el género tienen un papel preponderante o trascendente para originar un impacto diferenciado en las mujeres ante un caso de difícil resolución.